El partido socialista español PSOE está “negociando” con los grupos parlamentarios los términos de una futura ley de amnistía para aquellos involucrados en el intento de secesión de octubre de 2017 en Cataluña, admitió el jueves el presidente interino Pedro Sánchez.

En declaraciones a la prensa antes de la reunión informal de los líderes de la UE en Granada, Sánchez evitó hablar claramente de «amnistía» -una de las varias demandas planteadas por los separatistas catalanes para apoyarlo en el Parlamento-, pero admitió que El PSOE “negocia”.

“Cuando aprobamos los indultos (para varios líderes separatistas catalanes en junio de 2021), estaba convencido de que (los indultos) contribuirían a la estabilidad y la normalización política en Cataluña. Ahora tenemos la certeza de que fue una buena decisión y que era de interés general”, dijo Sánchez el jueves.

La “papa caliente” política de una ley de amnistía para los implicados en los sucesos de 2017, unos 4.000 según estimaciones de los medios, ha dividido a los expertos jurídicos. Algunos piensan que esto está dentro del marco de la Constitución española, mientras que otros piensan lo contrario.

De acuerdo a El País22 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español apoyarían la tesis según la cual es posible aprobar esta ley de amnistía extraordinaria.

Además de una ley de amnistía, los partidos separatistas catalanes exigen, entre otras medidas, un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Pero esta posibilidad ya ha sido completamente descartada por Sánchez y su futuro “número 2”, la líder de la plataforma progresista Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta interina y ministra de Trabajo de España.

Tras el compromiso del miércoles entre Sánchez y Díaz de acordar un programa de coalición conjunto a más tardar a finales de octubre, parece claro que el líder socialista podría presentarse a la votación de investidura a mediados de noviembre como fecha aproximada.

Aunque Sánchez y Díaz coinciden en la necesidad de una ley de amnistía, todavía están lejos de alcanzar un acuerdo de gobierno por diferencias en política social y laboral.

Para Sumar, se debe dar prioridad a la reducción de la jornada laboral, vincular el despido a una causa jurídica objetiva, mejorar las políticas de conciliación familiar y reforzar el derecho al acceso a una vivienda asequible, entre otros puntos de fricción.

Uno de los principales puntos de discordia se refiere a la futura distribución de ministerios y al peso político que Sumar podría tener en el futuro ejecutivo progresista. El partido de Díaz podría perder la cartera de Igualdad, que hasta ahora estaba en manos de la polémica ministra Irene Montero (Podemos).

(Fernando Heller | EuroEFE.Euractiv.es)

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