El primer ministro socialista español, Pedro Sánchez, ya criticado por prometer indultar a los separatistas catalanes, también está chocando con los partidos de oposición sobre cómo compartir el gasto y los ingresos con las regiones del país.
El plan de Sánchez de conceder amnistía a los separatistas catalanes involucrados en la fallida secesión de 2017 ha provocado protestas en todo el país.
Pero también hizo otros acuerdos con los catalanes para ganarse su apoyo y asegurar una mayoría para su gobierno en el Parlamento.
Cediendo a las demandas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Sánchez acordó cancelar 15.000 millones de euros (16.000 millones de dólares) que Cataluña debe al gobierno nacional desde la crisis financiera de 2008.
Aunque los socialistas prometen extender el acuerdo a otras regiones que se endeudaron bajo el mismo programa, la concesión ha irritado a otros gobiernos regionales, incluidos los liderados por la izquierda.
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El acuerdo alcanzado el jueves con Junts per Catalunya, el segundo grupo independentista, también pide favorecer el regreso a Cataluña de empresas que trasladaron sus sedes tras la crisis secesionista de 2017, como Caixabank y Naturgy.
Es importante destacar que, en respuesta a las demandas de Junts de que Cataluña retuviera todos los impuestos recaudados en la región, los socialistas se comprometieron a apoyar la «autonomía financiera» de la región y facilitar su acceso a los mercados financieros.
El tema es delicado en España, donde la Constitución garantiza un alto grado de autonomía financiera y fiscal a las regiones, así como control del gasto en salud y educación, al tiempo que pide solidaridad entre regiones.
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Actualmente, dos regiones -el País Vasco y Navarra- gestionan todos los impuestos recaudados dentro de su territorio, entregando sólo una parte (el «cupo») al gobierno central a cambio de los servicios que éste presta.
Pero su peso económico y presupuestario dista mucho de ser comparable al de Cataluña, que es el motor industrial de España y representa el 20 por ciento de su producción económica y el 16 por ciento de su población.
Según el think tank Fedea, Cataluña envió 2.200 millones de euros más al Gobierno central en 2021 de los que recibió.
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Sólo otras dos regiones de 17 pagaron más de lo que recibieron: Madrid (6.300 millones de euros) y Baleares (334 millones).
La organización que representa a los inspectores fiscales de España dijo que el acuerdo «violaría el principio de igualdad entre los españoles» y crearía «regiones de primera y segunda clase».
El Partido Socialista de Sánchez optó por «favorecer a una minoría a expensas de la mayoría», dijo Alberto Núñez-Feijoo, líder del opositor Partido Popular de centroderecha.
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Fue el sólido desempeño del Partido Popular en las elecciones regionales lo que llevó a Sánchez en mayo a convocar elecciones anticipadas en julio, en las que ni los socialistas ni el PP obtuvieron una mayoría en el Parlamento.
Pero con la esperanza de ganar el apoyo catalán, las promesas de Sánchez amenazan con abrir una costosa caja de Pandora para el gobierno central, advierten muchos economistas, mientras que otras regiones como Andalucía ya exigen un alivio de la deuda.
«Las deudas hay que pagarlas», afirmó en un artículo José María Rotellar, director del observatorio económico de la Universidad Francisco de Vitoria, advirtiendo de una «pérdida de credibilidad» y de «inseguridad sobre quién asumirá las futuras deudas regionales».
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La región de Castilla-La Mancha, liderada por un socialista crítico de Sánchez, ha amenazado con demandar al gobierno por el pacto catalán.
Para calmar los ánimos, los socialistas insisten en que no se ha tomado ninguna decisión definitiva en materia fiscal.
«En ningún momento el Partido Socialista se ha comprometido a ceder el 100 por ciento de los impuestos» a Cataluña, dijo la ministra de Presupuesto, María Jesús Montero.
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