POR EL Gobierno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el proceso, como se conoce comúnmente a la campaña independentista de Cataluña, ya es cosa del pasado. No habrá, por ahora, más conversaciones entre el gobierno central y los políticos regionales, y no hay posibilidad de un referéndum sobre la secesión de Cataluña de España.

El cambio de política del Gobierno liderado por el Partido Socialista se produce tras una serie de concesiones al independentismo. Se acaban de promulgar reformas a las leyes sobre sedición y malversación de fondos públicos.

Estos beneficiarán no solo a los líderes de la campaña independentista de 2017 que fueron juzgados y condenados por su papel en el referéndum ilegal realizado ese año y la posterior declaración unilateral de independencia, sino también a aquellos que aún no han visto el interior de una sala de audiencias.

Esto incluye al ex presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, que huyó de España para evitar ser procesado y todavía vive en un exilio autoimpuesto en Bélgica.

Si llegara a ser juzgado, ya no podría ser acusado de sedición, que ha sido reemplazado por un nuevo delito menor de desorden público agravado, mientras que enfrentaría una pena de prisión más leve por malversación de fondos públicos. Este delito ahora se castiga con una pena de prisión menor si el objetivo no es el enriquecimiento personal.

Estos cambios también se pueden aplicar con carácter retroactivo a quienes fueron condenados en los primeros juicios del Tribunal Supremo por la campaña independentista, lo que supone, por ejemplo, que el político de Esquerra Republicana Catalana (ERC) Oriol Junqueras podría ver reducida su inhabilitación para cargos públicos, allanando el camino para su regreso a la política el próximo año.

Sin embargo, habiendo asegurado esas concesiones, ERC ahora está presionando para obtener más. El partido, que está en el poder en Cataluña, aunque sin una mayoría operativa, no solo quiere que continúen las reuniones con el Gobierno central, sino que también aboga por un referéndum sobre la independencia.

Sin embargo, dicha consulta ha sido descartada repetidamente por el gobierno español y el propio Pedro Sánchez.

«Pueden pedir lo que quieran», ha dicho este martes Sánchez en referencia a la petición de ERC de una nueva votación. «Eso no sucederá.»

Los cambios legislativos fueron, según el presidente del Gobierno, «movimientos arriesgados», pero insistió en que «la situación es mucho mejor que en 2017».

La campaña independentista de 2017 tuvo lugar cuando el conservador Partido Popular (PP) estaba en el poder. Unidades adicionales de la policía y la Guardia Civil fueron enviadas a la zona para tratar de evitar que se llevara a cabo el voto ilegal de secesión.

Tácticas violentas

Las tácticas brutales y violentas de los oficiales contra miembros comunes del público se han observado en todo el mundo y han agravado aún más la situación.

Tras la declaración unilateral de independencia por parte del parlamento catalán, el gobierno central tomó el control de la región, destituyó al gobierno y convocó nuevas elecciones.

Desde que tomó el poder, el gobierno del Partido Socialista busca una solución negociada al conflicto. Pero parece que Pedro Sánchez ha hecho todo lo que estaba dispuesto a hacer para cerrar las brechas entre la región y el gobierno central, y cualquier demanda adicional de ERC caerá en oídos sordos.

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