El empleo público aumentó en España en 22.842 personas en el primer trimestre del año, el mayor aumento de personal al servicio de la administración pública durante este periodo desde 2015, cuando también se celebraron las elecciones autonómicas y generales en España.

Según los datos de empleo público actualizados a finales de marzo difundidos ayer por el Ministerio de la Seguridad Social, con este aumento de plantilla, el número total de afiliados medios en el sector público se sitúa en 2.903.492 personas, un récord absoluto, al que habría que añadir empleados públicos que no están afiliados a la Seguridad Social por pertenecer a fondos mutuos, según el diario El Mundo.

Curiosamente, este aumento de afiliados entre enero y marzo (a fines de diciembre de 2022 había 2.880.650 empleados públicos en el país), se dio a pesar de que en el sector salud, uno de los sectores donde más falta de personal es mayor y donde más se producen movilizaciones, se destruyen puestos de trabajo: 14.887 afiliados menos, lo que eleva el total de empleados en actividades de salud a 752.347.

Por gestión, el Estado integró en el primer trimestre a 3,226 personas; las comunidades autónomas, 12.335, y las corporaciones locales, 7.281; 1,73 millones de empleados públicos en España son mujeres frente a 1,16 millones de hombres.

Cataluña es la comunidad autónoma en la que se han incorporado más funcionarios públicos en el primer trimestre del año, con un incremento de 9.138 personas (el 40% del total de nuevas contrataciones), la mayoría (7.097) residentes en Barcelona. La mayor parte de estos refuerzos se produjeron en las administraciones autonómicas (+8.795) y locales (+593), mientras que el número de agentes del Estado en esta región se redujo en 250 personas.

Le sigue la Comunidad de Madrid, con la incorporación de 4.269 personas, de las que casi la mitad (2.014) son empleados del Estado, mientras que 2.189 fueron contratados por la comunidad autónoma y 65 por la comunidad local; Andalucía, con 3.503 nuevos miembros del sector público; Castilla-La Mancha, con 3.140 incorporaciones, y Galicia, donde se sumaron 1.798 empleados públicos.

No obstante, hubo gobiernos regionales que despidieron personal del sector público, como Andalucía (-2.065), Canarias (-1.578) y País Vasco (-882).