MADRID (AP) — España selló el jueves la aprobación final de las controvertidas reformas de los delitos de sedición y malversación de fondos, una medida de la coalición gobernante de centroizquierda para retener el apoyo de un partido independentista catalán y aliviar las tensiones en la región nororiental.

El paquete aprobado por mayoría de senadores elimina el delito de sedición por el de alteración del orden público y reduce las penas para determinadas condenas por peculado. Ya ha sido aprobada por amplia mayoría en la Cámara Baja.

Ambos temas han enfadado al principal partido opositor de derecha, el Partido Popular, y a otros grupos opositores, que los ven como concesiones intolerables a los grupos que intentaron fragmentar España en una campaña secesionista ilegal en 2017.

Dicen que los cambios también son un movimiento cínico para apaciguar al partido independentista ERC de Cataluña, que aumenta el poder de voto del gobierno en el parlamento y había exigido los cambios.

Muchos políticos y funcionarios independentistas catalanes, incluidos muchos de ERC, que están enjuiciados o ya han sido condenados por el intento de secesión podrían beneficiarse de los cambios propuestos.

La sedición, en los libros desde 1822, y la malversación de fondos fueron algunos de los principales cargos presentados contra nueve de los 12 activistas y políticos independentistas catalanes que fueron condenados por su papel en una declaración unilateral de independencia de España emitida el 27 de octubre de 2017, tras una referéndum de secesión ilegal a principios de ese mes.

El año pasado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, concedió un indulto parcial a los nueve separatistas, liberándolos de prisión después de pasar tres años tras las rejas, cumpliendo condenas que van de los nueve a los 15 años. Sin embargo, todavía tienen prohibido ocupar cargos públicos.

Sánchez dijo que las reformas pusieron a España en línea con otras democracias europeas. Niega que las reformas sean una concesión a los secesionistas, pero está de acuerdo en que ayudarán a aliviar las tensiones entre España y la región del noreste.

El impulso de la secesión ha sido la crisis política más grave de España durante varias décadas.

Sánchez dijo que la reforma no eximiría al expresidente catalán Carles Puigdemont y sus asociados, que huyeron del país en 2017, de ser juzgados en última instancia si regresan, aunque sea por un delito con una sentencia menor.

La sedición estaba penada con penas de 10 a 15 años de prisión, y el delito de alteración del orden público agravado, con penas de tres a cinco años de prisión. También reduce la duración de las prohibiciones para ejercer cargos públicos.

La reforma de malversación introduce una pena reducida de hasta cuatro años para los casos en que no se detecte beneficio personal para el imputado. Si hay beneficio personal, la pena es la misma entre 8 y 12 años.

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Raquel Redondo de Madrid contribuyó a este despacho.