Han pasado seis años desde que el entonces gobierno catalán intentó lograr una ruptura con España y la policía antidisturbios reprimió un referéndum de independencia ilegal. En 2019, el Tribunal Supremo español dictó duras condenas a algunos de los líderes de este esfuerzo, muchos de los cuales fueron encarcelados o se exiliaron voluntariamente. Ahora el primer ministro Pedro Sánchez, que lucha por un tercer mandato tras las elecciones no concluyentes de julio, ofrece amnistía a cientos de separatistas catalanes a cambio de su apoyo parlamentario; sólo siete votos le darían la ventaja. Sánchez dice que quiere volver a normalizar la posición de Cataluña dentro de España. El riesgo, sin embargo, es que reavive el movimiento separatista, moribundo desde hace años, y sumerja al país en una crisis constitucional.

Según los términos del acuerdo entre el Partido Socialista de Sánchez y los partidos independentistas catalanes, la amnistía propuesta cubriría las acusaciones surgidas del inicio de la reciente campaña catalana por la independencia entre 2012 y 2023, pero no se refiere a ninguna persona identificada. Los posibles beneficiarios incluyen cientos de funcionarios de rango medio y alto del gobierno catalán de turno, funcionarios escolares, alcaldes de pueblos pequeños y otros. Pero lo principal sería Carlos Puigdemontel expresidente de Cataluña, prófugo de los tribunales españoles, afincado en Bélgica y miembro del Parlamento Europeo, desde que lideró la fallida secesión a finales de 2017.