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MADRID – El primer ministro español, Pedro Sánchez, advirtió que la decisión del máximo tribunal de bloquear una iniciativa parlamentaria ha desencadenado una crisis institucional sin precedentes en la era moderna del país y entre las democracias europeas.
El primer ministro socialista habló un día después de que el Tribunal Constitucional aceptara una apelación de los conservadores de la oposición contra una enmienda gubernamental al poder judicial, deteniendo la adopción de la legislación por el Parlamento.
La semana pasada, el Congreso aprobó el cambio, que reduce la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar a los jueces superiores. Sin embargo, el fallo del tribunal impide que el proyecto de ley llegue al Senado, donde se esperaba que fuera votado a finales de esta semana.
En una declaración televisada, Sánchez dijo que aceptaba la decisión del tribunal, pero que implicaba que «por primera vez, nuestros legítimos representantes, elegidos democráticamente por los españoles… se ven impedidos de cumplir con su deber de representación».
Añadió que esta situación “no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país, ni en los espacios institucionales europeos”.
El primer ministro atribuyó el enfrentamiento al conservador Partido Popular (PP), que presentó un recurso contra la enmienda, afirmando que violaba las normas constitucionales tras haber sido incluida en el último momento en la reforma del Código Penal del Gobierno.
Sánchez acusó al PP de intentar utilizar el poder judicial para ejercer un poder político que había perdido en las elecciones.
El Partido Socialista Obrero (PSOE) de Sánchez y su socio de coalición, Unidas Podemos (UP), habían solicitado la recusación de dos de los jueces del Tribunal Constitucional, argumentando que su mandato había expirado y que por tanto estaban decidiendo su propio futuro. Esta afirmación, sin embargo, fue rechazada.
La decisión del tribunal significa ahora que continuará el estancamiento de cuatro años provocado por un desacuerdo entre el PSOE y el PP sobre el nombramiento de nuevos jueces. Sánchez dijo que su gobierno continuaría buscando una solución al estancamiento.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acogió con satisfacción la decisión y dijo que el gobierno había violado las normas constitucionales al intentar reformar el sistema de justicia, diciendo que Sánchez se había inclinado hacia un “populismo extremista”.
«Ésta es una legislatura extraña que socava la tradición democrática de nuestro país», afirmó. “El gobierno está obsesionado con controlar nuestras instituciones públicas. »
La decisión del tribunal no afecta otros cambios aprobados por el Congreso como parte de la reforma del código penal. Incluyen la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación de fondos públicos en determinados casos. La oposición acusó al gobierno de complacer a los nacionalistas catalanes con estos dos cambios.
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