Faltando sólo la firma del PP, el pacto para renovar el poder judicial se vino abajo. Tras una conversación telefónica el jueves por la tarde entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, las negociaciones quedaron «suspendidas».
«Feijóo propuso al presidente Sánchez abordar de forma conjunta cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación como delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, como prometió el propio presidente Sánchez a los españoles cuando se presentó a las las últimas elecciones”, dijo el Partido Popular en un comunicado.
“Las conversaciones quedan suspendidas hasta que el PSOE decida si quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular en el ámbito institucional o si quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y violar la unidad. ”, remarcó el principal partido de la oposición.
Para el partido conservador, es una «incongruencia insalvable» que el Gobierno quiera tanto «fortalecer» como «desproteger al Estado». Es decir, por un lado se compromete con el PP a dar más independencia al poder judicial mientras que, por otro lado, cede a Esquerra para hacer cambios en el delito de sedición.
“Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirles a los jueces que deben condescender con los que se levantan contra la unidad de España”, según Génova.
El Partido Popular también desveló que el ministro de Presidencia del PSOE, Félix Bolaños, que es el encargado de negociar con el PSOE, «les dijo que no estaba en sus planes (del Gobierno) acometer esta modificación criminal».
Por su parte, desde Ferraz, fuentes socialistas han criticado que «Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, boicoteó esta negociación para que no prosperase». .
El Partido Socialista acusó al PP de “romper de nuevo las negociaciones. Esta vez con un acuerdo listo para ser firmado”. Además, denuncian que la actitud «obstruccionista» del PP es «muy grave y atenta contra el normal funcionamiento de la justicia».
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